Arsenal // FRANCISCO GARFIAS
Va una cita textual del reporte que obtuvimos de autoridades federales sobre los cinco chavos —entre ellos una menor— levantados por la policía estatal de Veracruz y entregados al crimen organizado, presumiblemente al CJNG, el pasado 11 de enero:
“Las evidencias indican que las personas que desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, fueron ejecutadas e incineradas en tambos.
“Posteriormente molieron los restos calcinados, probablemente en un molino de caña, y después arrojados a un arroyo. Los padres ya saben algo…”.
Las últimas seis líneas ilustran la barbarie de los sicarios que asesinaron, por lo menos, a dos de los jóvenes de esa localidad veracruzana. Están plenamente identificados. Los otros tres probablemente corrieron la misma suerte.
Es el mismo patrón de Ayotzinapa. Algo que no debió de volver a ocurrir, pero ocurrió. Policías cómplices que entregan jóvenes al crimen organizado. Desaparecen o encuentran sus restos calcinados o triturados.
A eso se le llama “desaparición forzada”, lo que en automático involucra al gobierno federal y le pega a la imagen del país en el exterior.
En el caso de Tierra Blanca se maneja ya el tema de robo de combustible y de drogas. En el de Ayotzinapa, el quinto autobús. Lo peor: criminalizan a las víctimas. Se generaliza para diluir responsabilidades.
En Guerrero cayeron el gobernador y el procurador local. El entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, está en la cárcel. Lo acompañan en el encierro líderes del cártel Guerreros Unidos.
Pero en Veracruz no pasa nada. No se diga ya con el gobernador Javier Duarte. En sus cargos siguen el fiscal Luis Ángel Bravo y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.
“El peor problema es la grave impunidad que se vive en el estado. No se detiene a los de arriba. Ocurren horrores y en el gobierno no pasa nada”, nos dice el senador del PAN, Fernando Yunes.
Veracruz se ha convertido, además, en cementerio de periodistas. Van 16 asesinados en el gobierno de Duarte.
La última fue la reportera de policía, Anabel Flores Salazar, de los periódicos El Sol de Orizaba y El Buen Tono.
Apenas el pasado lunes, un grupo de hombres armados, con vestimenta de policía, la sustrajo de su domicilio a las dos de la mañana.
Anabel apareció muerta ayer en una carretera del colindante estado de Puebla. Atada de manos y con los pantalones abajo. Una vejación.
Nos dicen las autoridades federales que no estaba amparada por el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
“Me vas a decir que entonces el mecanismo falló. Te contesto que sí, pero también te digo que especialmente en Veracruz hemos insistido que los periodistas que se sienten amenazados se integren”, nos dicen en la Secretaría de Gobernación.
Ese mecanismo tiene protegidos hoy a 600 periodistas. No ha habido ningún incidente en año y medio con ellos. “Pero si decimos que no sirve, hacemos que periodistas en riesgo no se acerquen”, advierten en Bucareli.
El citado mecanismo integra escoltas en los casos en los que se requiere. Sistema de video vigilancia en casas y oficinas. Rondines de la policía. Botones de pánico. Teléfonos satelitales.
Periodistas veracruzanos dieron a conocer ayer una Carta abierta a gobiernos por la muerte de la reportera. Ponen su nombre y firma. No le sacan. Públicamente hacen preguntas. Eso es parte del trabajo de un periodista. Preguntar hasta encontrar respuestas.
Van algunas de las interrogantes que vienen en la carta:
¿Cómo se puede entrar a una casa sin que las autoridades lo detecten? ¿Cómo se puede circular en una ciudad con una persona secuestrada, con hombres armados y con uniformes parecidos a los policiacos?
¿Cómo se pueden burlar todos los blindajes de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo pueden los grupos de delincuencia organizada cogobernar ambos estados, tirar cuerpos de un lado y otro? ¿Cuántos reporteros más irán cayendo?
“Creemos —agregan— que el gobierno de Veracruz está permeado por la delincuencia, y antes dudábamos de que Puebla estuviera contaminada, pero hoy vemos que sí.
“Si todos ustedes, gobernantes, cobran por administrar la vida social, lo están haciendo muy mal, están pudiendo muy poco…”.
Es bien sabido que Javier Duarte quiso escamotear la verdad. Llegó, incluso, a presumir seguridad en su estado. “Aquí nada más se roban frutsis y pingüinos del Oxxo”, declaró en octubre de 2014.
Por supuesto que a los agraviados veracruzanos no les hizo la menor gracia la puntada del gobernador.
El tema de los chavos y de Anabel ya subió a la precampaña electoral.
Héctor Yunes, candidato del PRI al gobierno del estado, formalizó un compromiso: sacar a Veracruz de la lista negra y de la nota roja.
Demandó acciones inmediatas al gobierno del estado para capturar y castigar a estos criminales.
Es el mismo Héctor Yunes que se sentó con Duarte a finales de diciembre. Publicado, febrero 2016
